domingo, 8 de julio de 2012

28. Ahuyentando al capital Por Néstor O. Scibona | Para LA NACION


Ahora resulta más difícil determinar el verdadero alcance de la ley que declaró de interés público nacional a toda la cadena de hidrocarburos. A dos meses exactos de su promulgación, esa parte declarativa se convirtió en letra muerta en la provincia de Chubut, después de que el Gobierno de Cristina Kirchner decidió apartarse del grave conflicto sindical que durante más de dos semanas afectó al yacimiento de Cerro Dragón, del cual proviene el 17% de la producción petrolera del país.
Hay una ligazón institucional preocupante entre ese violento episodio -que recién comenzó a encauzarse este fin de semana, aunque no está resuelto- y aquella ley de "soberanía hidrocarburífera" cuyo objeto fue la expropiación del 51% de las acciones de YPF. La virtual prescindencia del Estado nacional -siempre dispuesto a intervenir en la economía y a evitar costos políticos en los conflictos- no es una garantía de seguridad jurídica ni física para atraer nuevos socios y los capitales que necesitarán la nueva YPF y el resto del sector para reactivar la producción de petróleo y gas.
Es cierto que el caso de Chubut contiene ingredientes particulares, aunque no por ello menos inquietantes. Los desbordes vandálicos de "Los Dragones" no son nuevos en la provincia. Pero nunca habían llegado al extremo de destruir instalaciones, como ocurrió en el yacimiento de Pan American Energy (PAE), impedir la libre circulación por la ruta nacional 3 y bloquear el acceso a otros pozos petroleros. Este grupo de activistas, escindido de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y sin personería jurídica, ganó influencia a base de acciones violentas para conseguir mejoras: en tres años pasó de 10 a 1000 adherentes.
Cuentan en la zona de Comodoro Rivadavia que tiempo atrás iniciaron un reclamo salarial con el incendio de tres camionetas de YPF y la toma de oficinas, antes de sentarse a negociar con una empresa contratista. También que algunos de sus líderes suelen portar armas y que están irreconciliablemente enfrentados con dirigentes patagónicos de la Uocra y los sindicatos petroleros, que resisten la equiparación de escalas salariales. Mientras un trabajador petrolero puede ganar 20.000 pesos mensuales, uno de la construcción cobra algo más de la mitad, pero con régimen temporario y prestación por desempleo. Esta actividad está tercerizada con contratistas de las compañías petroleras. Por eso PAE rescindió sus contratos con Contreras y Skanska al considerar que no lograron contener a los activistas más violentos y que el estallido en Cerro Dragón fue la gota que colmó el vaso. Los contratistas retrucan que, siempre que aumentaron salarios bajo presión, fueron convalidados por las petroleras. Estas, a su vez, replican que era el mal menor ante la alternativa de paralizar los yacimientos. Aún tienen fresco el recuerdo de los bloqueos sindicales que a comienzos del año pasado frenaron casi dos meses la producción petrolera en la vecina Santa Cruz y que -aunque rara vez aparecen en los discursos oficiales- contribuyeron a alimentar el alto déficit energético de 2011.
En los 15 días de conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades chubutenses no será sencillo resolver este nuevo conflicto, con dirigentes que emplean métodos extorsivos de barrabravas, no están avalados por su sindicato y obligan a negociaciones triangulares con PAE a través del gobierno provincial, que ya perdió 50 millones de pesos en concepto de regalías. Hasta ahora, nadie fue responsabilizado judicialmente por los daños materiales ni productivos.
Con todo, la visibilidad que adquirió la crisis en Cerro Dragón dejó al descubierto aristas mucho más oscuras. Entre ellas, el uso político de "Los Dragones" como fuerza de choque por el ex gobernador peronista Mario Das Neves. Y también por su entonces delfín Martín Buzzi, antes de que éste adhiriera al kirchnerismo apenas se consagró electoralmente como su sucesor y se convirtiera en uno de los más firmes impulsores de la reestatización de YPF. Más difícil resulta determinar si este antecedente pesó en la intempestiva decisión de CFK de retirar a la Gendarmería luego del desalojo del yacimiento, pero sin evitar los posteriores piquetes en la ruta nacional 3. Tanto como entender el justificativo presidencial -la trágica muerte de 7 efectivos- cuando ello fue producto de un accidente vial a más de 300 kilómetros de distancia. El ex secretario de Energía Jorge Lapeña aporta una visión alternativa más convincente: el error del Gobierno en los últimos años fue confundir el concepto de "criminalizar la protesta" con el hecho de que "el método elegido para la protesta puede ser delictivo o criminal" y no debe quedar impune, escribió en el blog del Instituto General Mosconi.
El espanto que provocó en el sector este conflicto salvaje ocurre cuando las importaciones de gas natural y combustibles crecieron un 39% interanual en mayo y probablemente aumenten en los meses invernales, a pesar de la menor demanda interna de gasoil por la desaceleración de la industria, el agro y el transporte. Esto explica por qué Guillermo Moreno -además de imponer trabas a todo el resto del universo importador- intentó ahora en Azerbaiján otro improvisado trueque de alimentos argentinos por petróleo como el que no logró concretar en Angola y que, cuando menos, obligaría a decuplicar el comercio bilateral con esa ex república soviética, hoy inferior a los 50 millones de dólares anuales.
Decisiones en la nebulosa
Nadie espera, sin embargo, que el déficit de divisas del sector energético baje en 2012 (superaría los 5000 millones de dólares) y las previsiones de las petroleras para el año próximo están supeditadas a definiciones oficiales sobre política energética que siguen sin aparecer.
En YPF se estaría preparando el road show para atraer capitales e inversiones para explotación y exploración de hidrocarburos que su titular, Miguel Galuccio, estimó en 7000 millones de dólares anuales para los próximos cinco años. De ese total, YPF podría disponer de utilidades por unos 1000 millones. Pero aún se desconoce qué condiciones podrá ofrecer la petrolera estatal para captar financiamiento y nuevos socios. Entre ellas los precios del gas natural; las modalidades de los nuevos contratos de asociación; la disponibilidad de crudo o divisas, la política de subsidios, o el marco para inversiones en reservorios no convencionales (shale oil) como Vaca Muerta. También si se renovarán las actuales concesiones para el "rejuvenecimiento" de pozos en áreas de explotación y qué ocurrirá con las de exploración adjudicadas a empresas "amigas" que no invirtieron un peso.
Aunque Galuccio seguramente formará parte de este proceso de decisión, no podrá eludir en cambio otros límites políticos. Cada vez que el gobierno de CFK sorprende con nuevas medidas intervencionistas, aumenta el riesgo empresario y ahuyenta el ingreso de capitales e inversiones a largo plazo. Ocurre ahora con la legalización del cepo cambiario y el crédito obligatorio a tasas subsidiadas, como antes con las trabas y la compensación de importaciones, la reinversión forzosa de utilidades o los plazos incumplibles para liquidar exportaciones.


Por Néstor O. Scibona
Publicado en La Nacion.com
http://www.lanacion.com.ar/1488608-ahuyentando-al-capital



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